domingo, 15 de marzo de 2009

Control de contenidos en Venezuela


Partamos de la siguiente idea: para vivir en democracia un ciudadano debe estar bien informado. Esto implica, por una parte el desarrollo de una serie de capacidades para el análisis de la realidad, la elaboración de categorías y la posibilidad de procesar información y trasmitirla a los demás. Por otra parte, implica el acceso amplio a la información que nos interesa. Esto último es crucial, particularmente en lo que respecta a la información pública o a aquella que es susceptible de afectarnos en lo personal, de definir nuestros valores y percepciones. El tema viene al caso toda vez que en la discusión pública venezolana se ha planteado la posibilidad de que la Asamblea Nacional discuta un proyecto de ley que busca regular la cobertura informativa de los medios privados.
El argumento tiene un tono clásico, se dice que el manejo que estos medios realizan acerca de la información pública “tergiversa” la realidad nacional y perjudica la obra del gobierno. Digo que el argumento es clásico porque a estas alturas los venezolanos ya estamos acostumbrados a diez años de explicaciones y acusaciones por medios de las cuales el gobierno intenta culpar a los demás de su ineficiencia, o, en todo caso, intenta hacernos creer que vivimos en un país idílico en el cual las cosas funcionan normalmente. Así pues, los hechos de corrupción, los ataques a los medios de comunicación, la delincuencia generalizada, los asesinatos de fin de semana, son el resultado de la “manipulación mediática”. Son los medios los que hacen una lectura interesada de la realidad que busca afectar negativamente la gestión del gobierno.
Acá nos encontramos con varios asuntos. Ciertamente cada uno de nosotros tiene en determinadas circunstancias “posturas interesadas”. En general no somos objetivos en la lectura que hacemos acerca de determinados asuntos, más aun, nuestra subjetividad e intereses ’juegan’ en la determinación de la valoración que hacemos acerca de las cosas. En este sentido, uno bien podría aceptar que los medios de comunicación puedan realizar una mirada interesada de la realidad y que, en consecuencia, trasmitan información acerca de algunos temas desde una óptica determinada que pudiera en un momento determinado favorecer unos intereses y desfavorecer algunos otros.
El Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Diputado Manuel Villalba, ha señalado que los medios “no informan debidamente a la ciudadanía, sino que por el contrario, se han dedicado a desvirtuar la realidad y a crear caos y confusión al lector y al televidente”. Tendríamos que preguntarle al Diputado quién califica la calidad de la información transmitida a través de los medios o si, a fin de cuentas, la sociedad sólo debe validar la información que es transmitida por los medios oficiales, o si el gobierno debe mantener un control absoluto sobre la cobertura informativa y sobre la programación de los medios de comunicación, o si debemos limitar las críticas.
La democracia implica la posibilidad de que los mas diversos puntos de vista puedan ser considerados por quienes participan de la discusión pública. La opinión de los ciudadanos y sus valoraciones acerca de las actuaciones gubernamentales deben ser el resultado de la evaluación que hacen acerca de las mismas y de la manera como éstas afectan sus vidas. De manera que en una sociedad abierta los diversos puntos de vista deben tener la posibilidad real de expresarse, para ello los medios deben tener diversas garantías: por un lado debe existir acceso real a la información pública, particularmente a aquella que emana de instancias gubernamentales, por otro no deben existir restricciones en cuanto a la línea editorial que sigan en el cumplimiento responsable de la función de informar.
En una democracia el Estado debe estar sometido de manera permanente al escrutinio público. La acción de los funcionarios tiene un carácter representativo, en consecuencia el control de sus actuaciones debe entenderse como un hecho natural. Es evidente que una parte importante de esa función de control es realizada por los periodistas y es presentada al público a través de los medios de comunicación. Si bien la actuación de los medios debe ser responsable y debe estar atada a posturas y valoraciones de carácter ético, éstas no tienen porque tener un carácter complaciente al gobierno. Cuando el Estado busca controlar en exceso, como es en mi criterio lo que sucede con la propuesta de Ley antes señalada, crea suspicacias, ¿acaso hay algo que esconder?

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